Seis jueces, en dos juicios orales, rechazaron sospechosamente el comiso de la estancia de US$ 2 millones de un condenado por tráfico de droga y lavado de dinero. Los sugestivos fallos fueron anulados por la Cámara de Apelaciones. El fiscal Marcelo Pecci acusó a los magistrados de mutilar pruebas para favorecer al acusado. La Corte no hizo nada.
El 10 de agosto de 2016 el procesado Nery Pinazo Ricardi fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por lavado de dinero, pero el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Alfieri, Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, rechazó el comiso de la estancia del encausado solicitado por la fiscalía.
Los magistrados señalaron que la documentación agregada con respecto a la estancia, Finca N° 45, del Distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, ha sido insuficiente. Dijeron que desde un inicio la propiedad fue identificada como Finca N° 195. “Es por ello que no existe información sobre la misma, no se ha podido identificarla correctamente durante el transcurso del proceso“, resaltaron los jueces.
Alfieri, Capurro y Zárate enfatizaron que el fiscal no solicitó la corrección del número de finca al inicio de la audiencia y que ni siquiera presentó condiciones de dominio para salvaguardar derechos de terceros, “por lo que este tribunal desconoce las condiciones de dominio en la que se encuentra el inmueble”.
Los tres jueces consideraron negligente el accionar del Ministerio Público, porque durante todo el proceso no se había hablado de la finca N° 45 (195) del Distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, como producto de algún hecho punible, medio o lugar de realización de hechos punibles. “No se ha realizado la correcta investigación sobre dicho bien, no existen informes ni pericias que nos digan que tipo de actividades se realizaban en dicha propiedad“, añadieron.
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