El ministro de Justicia confirmó que la escribana entró a la ex Tacumbú. La orden judicial solo impide que los procesados hablen entre sí.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que una escribana entró a la ex Tacumbú para formalizar el poder que Miguel Vázquez, procesado en el caso Ueno, otorgó el 6 de noviembre en nombre del Grupo Vázquez. No hacía falta autorización: “Él está en libre comunicación”, dijo Nicora en una entrevista radial; la orden judicial solo le impide hablar con los otros procesados.
El documento es la Escritura Pública N.º 232, un poder general para asuntos judiciales y administrativos autorizado por la escribana María Teresa López de Aponte, según reveló ABC Color. Vázquez lo firmó como presidente del Grupo Vázquez S.A. Emisora el mismo día en que ingresó a la penitenciaría.
Seis abogados recibieron facultades amplias para representar a la empresa: promover y contestar demandas, recusar magistrados, plantear acciones de inconstitucionalidad, pedir embargos y quiebras, y actuar ante dependencias del propio Ministerio de Justicia. Una cláusula establece que el mandato no se revoca si el representante de la sociedad interviene personalmente.
La firma se produjo en un momento clave de la causa. El 5 de noviembre, el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ordenó la prisión preventiva de Vázquez, el bloqueo de sus cuentas y la prohibición de vender o gravar sus bienes. El 6 de noviembre extendió esas medidas a otras 10 empresas vinculadas, entre ellas Grupo Vázquez SAE.
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