Policías corruptos implican a fiscal en rapto e intento de extorsión y podrían terminar presos

Policías corruptos implican a fiscal en rapto e intento de extorsión y podrían terminar presos

Momento en que el fiscal Demetrio Bareiro irrumpe en la oficina de de la División de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía y encara al subcomisario Blas Fernández por haberlo nombrado en el informe sobre un procedimiento que él ni siquiera estaba enterado. Bareiro lo emplazó a que le pre

Momento en que el fiscal Demetrio Bareiro irrumpe en la oficina de de la División de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía y encara al subcomisario Blas Fernández por haberlo nombrado en el informe sobre un procedimiento que él ni siquiera estaba enterado. Bareiro lo emplazó a que le presente un informe completo.

Agentes de la División de Búsqueda y Localización de Personas, dependientes de la Dirección de Policía del Alto Paraná, detuvieron el miércoles a la tarde a una mujer en Yguazú, debido a supuestamente contaba con orden de captura en Brasil por homicidio. Sin embargo, según los datos, los agentes de civil exigieron a la aprehendida G. 100 millones para liberarla. Al no conseguir su cometido, ya cerca de las 21:00, tuvieron que dejarla de nuevo en libertad sin cobrar nada. Para tratar de blanquear su procedimiento irregular, los policías nombraron en su informe al fiscal de Yguazú, Demetrio...

El cuestionado subcomisario Blas Fernández es el jefe de la División de Búsqueda y Localización de Personas, cuyos agentes, desde creación, son salpicados por denuncias de procedimientos irregulares. El miércoles alrededor de las 15:00, efectivos de esta dependencia fueron hasta la ciudad de Yguazú y haciéndose pasar por agentes de la Interpol alzaron a la fuerza a Mabel Antonia Aguirre Villalba, de 35 años, domiciliada en el km 45 de este distrito, porque supuestamente tenía orden de captura por un hecho de homicidio, en el estado de Mato Groso do Sul, Brasil.

La trajeron a Ciudad del Este y la mantuvieron encerrada en un automóvil por casi seis horas, mientras negociaban con ella y su abogado su libertad. Según los datos, primeramente los polibandis exigieron la millonaria suma de G. 100.000.000 (cien millones), luego bajaron a G. 50 millones, y ya alrededor de las 21:00, cuando el pago estaba por concretarse, los agentes de civil se enteraron que periodistas ya estaban enterados del procedimiento irregular, y decidieron liberar a la víctima.

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