El comandante de la Policía, comisario general director Luis Carlos Rojas Ortiz, estaría buscando “enfriar” la investigación contra los miembros de su cúpula que figuran como sospechosos de haber ordenado el asalto a la sede del PLRA, en el que murió el joven dirigente Rodrigo Quintana Arrúa (26), luego de los sucesos del 31 de marzo del año pasado. Dos de los involucrados fueron premiados con altos cargos en el Este del país.
La estrategia de la Policía consistiría en “sacar del ruido” a todos los sospechosos de haber autorizado el asalto al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los primeros minutos del 1 de abril de 2017, luego de la crisis política que se generó en todo el centro de Asunción por el intento de violación de la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial que iba a beneficiar a Horacio Cartes.
Aquellos sucesos son conocidos, principalmente en las redes sociales, como el #31M, que a su vez es la abreviación del 31 de marzo, fecha en que se desataron los peores incidentes.
Hasta ahora, el único imputado por la muerte del dirigente Rodrigo Quintana Arrúa, quien tenía 26 años de edad, es el suboficial ayudante de la Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva, en ese entonces de 23 años.
Florentín fue el que supuestamente disparó la escopeta calibre 12 que estaba cargada con cartuchos con balines de plomo y no con balines de goma, como debería haber sido.
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