LIMA (EFE). El Gobierno del Perú oficializó una ley que establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de funcionarios condenados por delitos de corrupción, también llamada “muerte civil”, así como la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
La norma dice que la inhabilitación “será perpetua siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella”.
Añade que según el caso, el funcionario condenado podría quedar inhabilitado para ocupar cargo público entre 5 y 20 años.
Agrega que esto también se producirá cuando “la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias”.
La normativa también crea un Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública.
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