Paraguay no se inmiscuirá en crisis política brasileña, dice parlasuriano | .::Agencia IP::.

Destaca igualmente la ausencia de incidentes de gravedad en las manifestaciones populares en Brasil y recuerda el “nefasto episodio” acaecido el 30 de junio de 2012, durante la cumbre de Mendoza, Argentina, cuando se excluyó a Paraguay, sin conferirle el mínimo margen de salvaguardar y justificar su posición, tal cual lo prescribe el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. Agrega que sea cual fuere la providencia que en su momento se adoptare en el Senado, el cuerpo encargado de instalar el juicio político propiamente dicho y debatir la imputación cursada por Diputados, para posteriormente sancionar o absolver a la señora Rousseff, será la voluntad del pueblo brasileño, que a través del sufragio libre y secreto deposita en sus mandatarios electos la resolución de los temas de alcance nacional.

Asunción, IP.- La delegación paraguaya en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) observará con atención el desenvolvimiento del proceso de juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, absteniéndose de divulgar declaraciones de apoyo a los involucrados y eludiendo sugerir la aplicación de las pautas comunitarias que preservan el sistema democrático en la zona.

Así manifestó en un comunicado el parlasuriano Alfonso González Núñez, quien de esta forma dejó sentada la postura de Parlasur Paraguay.

“Es un acto de soberanía de una república independiente cuyos legisladores en mayoría, en uso de sus atribuciones, estiman pertinente someter a la mandataria a esa entidad jurídica establecida en la Constitución Nacional”, expresa en el escrito.

El parlamentario cita que el Derecho Internacional Público, y las mismas leyes fundamentales de los países integrantes de la ONU y la OEA, estipulan taxativamente los principios universales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera en los asuntos internos de las naciones, específicamente cuando los conflictos, por más severos que fueren, se solventan en el marco de la aplicación de las garantías constitucionales, el reconocimiento de la legitimidad de la defensa en juicio, y la observancia del debido proceso.