El viacrucis en que ha entrado la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es demostrativo del grado de deterioro institucional en que han entrado las empresas del Estado. La ANDE ya venía afectada por un considerable pasivo infraestructural al que se han estado sumando sus desarreglos adminis
El viacrucis en que ha entrado la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es demostrativo del grado de deterioro institucional en que han entrado las empresas del Estado. La ANDE ya venía afectada por un considerable pasivo infraestructural al que se han estado sumando sus desarreglos administrativos, con frecuentes olas de sobrefacturación que han estado poniendo en pie de guerra al millón y pico de usuarios del servicio.
Además, el ente padece una crónica hemorragia de activos, en especial los robos de energía eléctrica de su planta externa que en vano el Gobierno intenta hacer aparecer como pérdidas de energía. Perder el 23% de su principal activo, la energía que genera y distribuye, sería lisa y llanamente la quiebra en cualquier empresa de ese tipo.
Pero como es un monopolio estatal, las cuentas se remedian mandando el pasivo a cuentas generales del Estado. Además de todo eso, la ANDE es un contratador compulsivo de recomendados de cada turno de Gobierno en el Palacio de López –sin importar el signo político- que al final del ciclo de cinco años quedan incrustados en la planilla salarial con sueldos, horas extras, anuenios, ayuda alimenticia, ayuda educativa, ayuda vacacional, ayuda médica y todas las formas adicionales de pago inventadas por los especialistas en semántica presupuestaria.
En su formato actual, la ANDE ya no resiste más. La pandemia ha venido a darle una estocada mortal. Cuando finalice la emergencia y se hagan las cuentas, ceremos cuánto habrá aumentado el agujero presupuestario, cómo se lo va a cerrar y por cuánto tiempo quedarán inmovilizadas las inversiones en infraestructura que el ente necesita como el aire para actualizarse operativamente.
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