La Cámara de Senadores restauró el aporte estatal a las organizaciones que compiten electoralmente, lo que se conoce por “subsidio político”, cuya supresión había sido propuesta por los diputados. En la reciente festividad de Caacupé, el obispo diocesano, Mons. Claudio Giménez, precisamente había cuestionado que se deje sin presupuesto a 32.000 ciegos “y sí se aseguró un presupuesto millonario para los partidos políticos”. Ajenos al malestar popular, los senadores no solamente restablecieron el subsidio, sino que lo llevaron a su nivel máximo, es decir, al 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido en las elecciones. Además, cambiaron la medida que disponía que los partidos no podrán recibir aportes de personas formalmente acusadas de narcotráfico, por la condición de personas “condenadas por narcotráfico”, en un país con el más bajo índice de condenas judiciales de Latinoamérica. Persistir en imponer esta clase de rechazadas decisiones por el solo hecho de tener el poder en las manos demuestra una total falta de sensibilidad de los senadores, lo que ahonda el abismo que ya existe entre la privilegiada clase política y la sufrida población de nuestro país.
La Cámara de Senadores restauró el aporte estatal a las organizaciones que compiten electoralmente, lo que se conoce por “subsidio político”, que, según la ley vigente anteriormente, correspondía a cada competidor en proporción al número de votos obtenidos. Esta norma establecía una cantidad que podía variar entre el 5% y el 15% del jornal mínimo. Recientemente, los diputados propusieron suprimir esta contribución, haciéndose eco del clamor de la ciudadanía, que considera dicho subsidio como una forma en que la “partidocracia” se apodera de fondos públicos que deberían estar siendo...
Sin embargo, ajenos al malestar popular, los senadores no solamente restablecieron la cuestionada contribución, sino que la llevaron a su máximo nivel, es decir, al 15% del jornal mínimo. Además, como este índice se incrementa de vez en vez, las expectativas de los políticos es que “su dinerito” no vaya siendo menoscabado por la inflación y otros fenómenos que afectan al poder adquisitivo del común de la gente.
A este aporte del Estado a las organizaciones políticas que obtienen cierto número mínimo de votos en las elecciones se lo justifica con la falacia de que, si esos partidos, movimientos o alianzas no recibieran esta “ayuda”, no tendrían fondos para costear sus gastos y, “tal vez”, se verían tentados a buscar financiación en las organizaciones marginales o en los bolsillos de padrinos poderosos.
La experiencia demuestra que, con o sin subsidio estatal, los partidos gastan más dinero que el que legalmente reciben, lo que dice a las claras que tienen “fuentes complementarias”. Que el Estado destine una verdadera fortuna –nada menos que 10.523 guaraníes por voto– a obsequiar a los partidos y movimientos que ganaron bancas no constituye ninguna garantía de que las organizaciones criminales o los aportantes particulares (narcotraficantes, contrabandistas, aduaneros, directores de entidades administrativas, etc.) no contribuyan también, incluso con mayor generosidad.
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