La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) retiene ilegalmente fondos genuinos de las comunas. La transformación de esta organización a una ONG permitió eludir los controles sobre sus manejos.
LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). Entre 1996 y 1997, la Opaci pasó de ser una oficina estatal a una organización no gubernamental (ONG), quedando fuera de cualquier ente de fiscalización pública, como la Contraloría General de la República. Entre los que maquinaron la transformación en una asociación “sin fines de lucro” fueron el entonces intendente de San Ignacio, Egidio Ruiz Pérez; el director ejecutivo Reinerio Cáceres y el asesor Rubén Báez. Sin embargo, el estatuto social fue modificado sin control y a medida de las autoridades de turno en los últimos años.
La institución continuará manejada por otros cinco años como una empresa familiar por el clan Núñez, integrado por los hermanos colorados Ricardo y Basilio, exintendente de Villa Hayes y asesor político del presidente Horacio Cartes, respectivamente. Ricardo fue reelecto el miércoles últimos como presidente de la junta directiva periodo 2015-2020.
La modificación del Art. 37 de la Carga Orgánica de la Opaci allanó el camino al clan Núñez para lograr una perpetuidad en el ente.
Los superpoderes de la Opaci –que no sabemos quién o quiénes les otorgaron– obliga a las municipalidades a permanecer como asociadas. Entre uno de los principales dominios de la organización municipalista es la expedición de un número para las licencias de conducir. Por este trámite, cada contribuyente de todas las 250 municipalidades del país debe ser despojado de unos G. 20.000 por la expedición o renovación de registros.
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