Indudablemente, tenemos que precisar que nuestro país, por Ley N° 6.497/19 revela el grado de importancia sobre la debida diligencia de los “clientes”, pues bien, a partir del art. 14° de la referida normativa, expone que los (sujetos obligados) deben aplicar lo que se conoce como la debida diligencia a personas físicas, jurídicas o estructuras jurídicas, en el momento de entablar la relación comercial o contractual, y de manera continuada, así como cuando exista la “sospecha” de la vinculación de los clientes o sus operaciones con ciertas “actividades” que sean conducentes, representen amenazas o exterioricen indicadores sobre la comisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Para tal efecto, el mandato dispositivo exige un “examen” sobre las transacciones llevadas a cabo para asegurar que las mismas sean consistentes con el conocimiento que tiene el sujeto obligado del cliente, su actividad comercial y (fundamentalmente) el perfil de riesgo, incluyendo, cuando corresponda, el origen de los fondos.
Leer la nota completa en Diario 5 Días