El juez de garantías Rubén Ayala Brun concedió ayer medidas alternativas a la prisión a los propietarios de las constructoras CISA y Área, Luciano Barreto y Hugo César Acevedo, en un proceso por supuesto desvío de G. 12.000 millones en perjuicio de la Senavitat, impulsado por la fiscala Yolanda Portillo.
Fianza real de 1.000 millones de guaraníes y personal de G. 250 millones, prohibición de salir del país y obligación de presentarse mensualmente en tribunales son las medidas establecidas por el juzgado para cada uno.
Para ayer también estaba prevista la audiencia de imposición de medidas para Camilo Recalde, del Servicio de Asistencia Técnica (SAT); Carol Turrini, extitular de la cooperativa Mi Casita y Carlos Valenzuela, ex titular de la cooperativa Ñapu’ã haguã, pero se suspendió a pedido de los defensores José Domingo Almada y Carmelo Caballero que solicitaron tiempo para interiorizarse del caso. El juzgado los convocó para el próximo lunes.
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