El exjuez de Santaní Crescencio Ocampos soporta medidas alternativas a la prisión y restricciones varias en el proceso que soporta por prevaricato. Es por haber intentado evitar la extradición del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, en diciembre del año pasado.
En una audiencia de imposición de medidas realizada ante la jueza de Santa Rosa del Aguaray, la magistrada Anselma Inés Galarza otorgó medidas alternativas a la prisión a Ocampos, bajo fianza de su abogado Julio Palma, establecida en G. 100 millones.
Asimismo, la jueza decretó un embargo de G. 300 millones, que el exmagistrado cubrió con una propiedad ubicada en Tacuatí, San Pedro, propiedad de Gerónimo Cardozo Sosa, valuada en G. 400 millones.
Prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio sin comunicar al juzgado, de portar arma de fuego y de “concurrir a determinadas reuniones y de visitar determinados lugares”, que no son especificados en la resolución, son las demás medidas establecidas por el juzgado.
El fiscal Luis Piñánez no se opuso a la aplicación de medidas alternativas a la prisión, en atención a que el hecho punible por el cual Ocampos está imputado es delito. El Código Penal, en su artículo 305, establece penas de 2 a 5 años de pena privativa de libertad por prevaricato.
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