La OFAC domina la técnica de unir con flechas y relacionar designados significativos. Ningún frankenstein criollo pasaría semejante red.
Si algo tiene la política de trinchera es que sus combatientes se entrenan a fondo en eso de borrar rastros. Para medrar en puestos públicos, los bienes personales -antes y durante la gestión- son puestos a nombre de testaferros, categoría social según la cual, la persona elegida presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona (RAE).
Casi siempre, esta función la cumplen familiares cercanos o, en su defecto, otras personas allegadas en las cuales el político maniobrero confía acabadamente.
En una sociedad de controles laxos, casi inexistentes, el testaferrismo es un recurso eficiente. Sirve para cubrir lo formal de una exigencia legal aunque todos saben que la normativa ha sido burlada. El ejemplo más claro de este tipo de violaciones lo ofrece el vicepresidente Velázquez quien tiene colocados en el Estado a su esposa, dos hijos, tres hijastros, dos hermanos, un sobrino y una nuera, que facturan al año Gs. 3.300 millones, pese a la taxativa prohibición de la ley antinepotismo.
Leer la nota completa en Diario 5 Días