El final de la comedia se veía venir. Nicolás Maduro ha eliminado cualquier vestigio de democracia en Venezuela. Sus sicarios en el Tribunal Supremo de Justicia se han encargado de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Esta es la última maniobra. Ahora continuará la dictadura, pero sin tapujos y con mano aún más dura. El camino está libre para acusar a los diputados de traición a la patria. O de lo que se les ocurra.
La operación comenzó tras la derrota electoral de diciembre de 2016. Era la versión venezolana de la piñata nicaragüense. Fue entonces, en las pocas semanas que faltaban para que el nuevo parlamento comenzara a operar, cuando, a toda máquina, reformaron la composición de la cúpula del poder judicial, pisoteando la Constitución y preparándose para gobernar a palo y tentetieso cuando fuera necesario. O sea, ya.
Luis Almagro envió un tuit calificando el hecho como un autogolpe. El secretario general de la OEA casi tiene razón. En realidad, fue la etapa final del coup que se gestó en el momento en que supieron, con total certeza, que el 70% de los venezolanos los repudiaban, y llegaron a la conclusión de que ese porcentaje continuaría ascendiendo por la precaria e indetenible situación de la economía.
Inmediatamente, Almagro convocó al organismo para actuar en consecuencia. Seguramente invocará la Carta Democrática Interamericana, y tiene una posibilidad muy grande de aplicarla y expulsar a Venezuela de la institución, si es que antes Caracas no se da de baja del organismo, lo que probablemente suceda. Almagro posee el apoyo de 20 países y tal vez pueda agregar otros tres para alcanzar las dos terceras partes del total de 34.
Por la otra punta, ya está claro que, dentro de la institución, el régimen venezolano tendrá el respaldo activo de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Mientras tanto, la dictadura cubana, fuera de la OEA desde 1962, manejará todos los hilos del chavismo.
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