El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano condenó a 18 años de cárcel a Nicolás Maduro. Magnífico. Tendrá que cumplirlos en Ramo Verde. Excelente. Allí recluyó a Leopoldo López y a otros enemigos políticos. Además, deberá abonar una multa de 25 millones de dólares y resarcir al Estado con 35 mil millones como consecuencia de coimas y sobreprecios recibidos o pagados a Odebrecht.
Odebrecht es un maligno y eficiente bandido brasileño. Cansado de la incapacidad para delinquir que mostraban los políticos deshonestos latinoamericanos, organizó el robo a gran escala en una docena de países (que no eran mancos, por cierto) y, tal vez, en el sur de la Florida, que es la mayor cantidad de América Latina avecindada en Estados Unidos.
Todo eso está muy bien. El TSJ está facultado para actuar de la manera que lo hizo. Los fallos los reconocen la OEA y el Parlamento Europeo. Acusó la fiscal general, Luisa Ortega, una conversa a la democracia con un turbio pasado de persecuciones a la que la oposición, inteligentemente, le ha dado la bienvenida, acaso porque no hay muchos venezolanos libres del pecado original chavista.
Los 33 magistrados del TSJ fueron nombrados por la Asamblea Nacional, como manda la Constitución vigente. El problema es que todos han tenido que exiliarse. La Carta Magna, que Chávez calificaba como “la Bicha”, y aseguraba que era la mejor Constitución del planeta, no especifica dónde debe radicar el TSJ.
Lógicamente, si hubiera habido un terremoto en Caracas, el TSJ tendría que sesionar en otro sitio. En Venezuela ha ocurrido un terremoto político que ha arrasado con todo. Comprensiblemente, el TSJ se ha marchado a otros sitios (Colombia, Chile, USA y Panamá). Afortunadamente, existe Internet y los magistrados pueden sesionar periódicamente viéndose las caras por Skype.
Leer la nota completa en Diario ABC
