Tres acusados por la compra de 2.000 unidades de aires acondicionados para el Ministerio del Interior admitieron la comisión de delito, pero solo “repararon” menos del 10% de la estafa perpetrada. Hubo complacencia del fiscal Igor Cáceres, quien se allanó a la suspensión condicional a cambio de la entrega de ínfimas sumas y en cuotas. Fue ante el juez Tadeo Fernández.
Fueron beneficiados los procesados Héctor Omar Abed (arquitecto), Fernando Sakoda, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones en el Ministerio del Interior, y Jazmín Graciela Salazar de León (arquitecta).
El juez Miguel Tadeo Fernández hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento y estableció que Abed, propietario de la firma Empresa Arquitectura y Diseño SA, adjudicada para la provisión de los 2.000 acondicionadores de aire mediante una licitación, deposite G. 80 millones en un plazo de un año, en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre del Ministerio del Interior.
Por su parte, Sakoda y Salazar deben “reparar” G. 35 millones cada uno en 12 cuotas. En total, el Estado recibirá solo G. 150 millones como compensación por la estafa sufrida.
Este caso se inició con una denuncia de Contraloría General, que detectó la presunta compra irregular de 2.000 acondicionadores de aire para el Ministerio del Interior, cuyas marcas de los aparatos, inclusive, habrían sido adulteradas.
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