Con el patrocinio de organizaciones y militantes feministas, y el apoyo de legisladores de distintos partidos, se presentó en el Senado un proyecto de “ley de paridad democrática”, que, según los autores e impulsores, busca regular el precepto constitucional de la “igualdad entre hombres y mujeres, dirigido a la conformación política de la comunidad y del Estado”. Con este proyecto se pretende alcanzar la igualdad real en cuanto a números en organismos electivos entre hombres y mujeres para el año 2030. Ya en la actualidad existe la obligatoriedad de incluir un 20% de mujeres como mínimo en los lugares elegibles, lo que en la práctica está lejos de cumplirse, pese a lo cual, el porcentaje se quiere elevar al 50%. Nuestro diario siempre ha valorado a las mujeres y el papel que desempeñan en la sociedad. Es ferviente partidario de que cada vez más representantes del sexo femenino ocupen lugares de decisión en nuestro país, y si se da el caso, por qué no, que el porcentaje que ahora se quiere igualar, sea favorable a ellas frente a los hombres. Pero este intento de imponer líderes por decreto hasta puede resultar agraviante para las propias mujeres.
Con el patrocinio de organizaciones y militantes feministas, y el apoyo de legisladores de distintos partidos, se presentó en el Senado un proyecto de “ley de paridad democrática”, que, según los autores e impulsores, busca regular el precepto constitucional de la “igualdad entre hombres y mujeres, dirigido a la conformación política de la comunidad y del Estado”.
Los propulsores del proyecto pretenden que con este instrumento se alcance la igualdad real en cuanto a números en organismos electivos entre hombres y mujeres para el año 2030, aunque traen a colación la mala experiencia en nuestro país de lo que se dio en conocer como la “discriminación positiva”, es decir, la obligatoriedad legal de que las listas de candidaturas pluripersonales incluyan a mujeres en los lugares elegibles (no solamente de relleno) en un 20% como mínimo, lo que en la práctica lejos está de cumplirse a pesar de los 20 años transcurridos desde esta imposición.
Posiblemente, con un afán politiquero de conseguir coyunturalmente la mayor cantidad de votos femeninos más que con el propósito de lograr la igualdad, los partidos políticos entraron en una especie de competencia sobre cuál de ellos otorgaba mayor porcentaje de participación a la mujer, aunque en la práctica, sobre todo luego de la proclamación de las listas digitadas por los hombres de los partidos, la realidad se encarga de desmentir las supuestas buenas intenciones.
El Partido Colorado, por ejemplo, estatutariamente reserva el 33% de los escaños elegibles en sus elecciones internas a mujeres interesadas en postularse para los cargos en disputa. Lo mismo sucede con el PLRA, que destina también el 33% de cargos elegibles en listas pluripersonales para las mujeres.
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