Una nueva Subárea de Pacificación (CODI-FTC) quedó instalada en el Dpto. de Canindeyú. Gran parte de esta medida, dice el Gobierno, es para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, no hay que perder de vista que este tipo de puestos militares, además de hacer inteligencia e instalar sus bases y armamentos, suplen también la ausencia del Estado en otras áreas sociales (como salud y educación), algo para lo que el Gobierno debería redoblar sus esfuerzos en zonas críticas.
En ese contexto es que, a lo largo de una década de creación de estas fuerzas, las evacuaciones aeromédicas de emergencia, la asistencia en partos in situ, en ambulancias o camionetas han copado las noticias. Estas Subáreas de Pacificación (SAP) cuentan con médicos y paramédicos formados local e internacionalmente para operar en condiciones extremas. Por eso es importante que paralelamente a las SAP también se redoblen esfuerzos para ofrecer a las comunidades una salud y educación dignas.
Aunque al principio la FTC fue creada para el combate a grupos armados (como el autodenominado EPP -refugiado hoy en una colonia indígena de Cerro Guazú-, EML y ACA), en la actualidad las líneas de acción han sido reenfocadas adicionalmente hacia la lucha contra el crimen organizado en la zona norte.
La pregunta es ¿estamos preparados para ello? Los indicios nos llevan a pensar positivamente en términos operativos: militares entrenados en el exterior y la optimización tecnológica con equipos de última generación en la base del CODI. Otro indicio fuerte es la reciente visita del embajador de los EE.UU., Marc Ostfield, al CODI.
Esta es una señal de que la misión es cumplir con la colaboración interagencial internacional y con los desafíos inherentes a la misión debido a la necesidad de desarrollo económico en el área, principal problema que facilita que el crimen organizado opere impunemente en la zona.
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