Mañana se cumplen 24 años de la promulgación de la vigente Constitución del 20 de junio de 1992, que se encuentra en una inerte soledad ante el poder. Quienes la alabaron al inicio ya no están. Quienes la criticaron siguen ahí. A estas alturas ya nadie celebra la paternidad y maternidad de su nacimiento democrático, el abandono constitucional es parte de nuestra cultura política.
¿Acaso alguien recuerda “el obelisco a la Constitución de 1870”, bajo cuya piedra fundacional fue depositada el acta de la jura de dicha Constitución? La columna con la estatua de la libertad en la cúspide sigue estando ahí, en medio de todo, imperceptible como expresión ciudadana de la indiferencia constitucional. (Se trata probablemente del monumento nacional más antiguo, erigido en 1873 por la corporación municipal de Asunción presidida por Alcorta, véanse las fotos en: Decoud, Geografía, 1911, p. 64, Decoud, Convención, 1934, p. 377 y Yubi, Asunción, 2010, tapa. En internet: Portal...
En Latinoamérica es usual que el promedio de vida de las Constituciones sea de 25 años aproximadamente. Las dos última Constituciones paraguayas no escapan de dicho determinismo. La Constitución de 1940 estuvo en vigencia 27 años y la de 1967, 25. Sin embargo, la Constitución de 1992 podría tener una historia diferente, pues la idea de sus críticos es reformarla, no reemplazarla. Y en eso hay bastante coincidencia, por lo menos, hasta el momento.
La principal crítica a la Constitución es que supuestamente diseñó una forma de gobierno, el presidencialismo, donde el Ejecutivo está atado a un Congreso desatado, o mejor dicho, que no tiene muchas ataduras. Pero quienes piensan que la gobernabilidad pasa por un Ejecutivo que no tenga que negociar con el Legislativo y que esté sometido solo a controles laxos pasan por alto la historia política paraguaya previa a esta Constitución, de Presidentes sin control, todopoderosos. Además, tampoco consideran que aún en el presidencialismo clásico como el norteamericano ambos poderes deben sentarse...
Por otro lado, si en las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo surgen planteamientos descabellados o propuestas ilegales no es culpa de la Constitución la impericia de las partes o la corrupción de los actores. Para eso hay otras herramientas, como el entrenamiento político-administrativo y la sanción penal respectivamente. En definitiva, la gobernabilidad constitucional se viabiliza necesariamente mediante mecanismos de coordinación y rendición de cuentas acorde a una República, sobre todo cuando se da una situación de “gobierno dividido” (Ejecutivo y Legislativo en manos de partidos...
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