Macarena SotoMadrid, 22 oct (EFE).- La prostitución regresó de súbito a la agenda política española esta semana después de que el partido socialista -que gobierna en coalición con la formación también de izquierda Unidas Podemos-, anunciara su intención de abolir esta actividad, que se encuentra en un limbo legal en el país.
Es por ello que asociaciones contrarias a esta práctica demandan una ley integral, ya que en España no está prohibido su ejercicio si son adultos quienes la ejercen de manera consentida, aunque sí se persigue la explotación sexual de un tercero, de un menor de edad, o de personas con discapacidad mental.
España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, una actividad que mueve cerca de 18.000 millones de euros anuales en el país, donde entre el 20 y el 40% de los hombres reconoce haber pagado por sexo, según datos del observatorio internacional de lucha contra la prostitución "Fundación Scelles".
Un negocio lucrativo para mafias y proxenetas, que involucra a entre 300.000 y 500.000 mujeres, según las estimaciones más altas, y donde una inmensa mayoría de ellas es víctima de trata, de acuerdo a los informes del observatorio.
De salir adelante esa iniciativa, España seguiría el modelo de Suecia, cuya legislación al respecto incluye medidas como la de multar a los clientes.
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