La Constitución se hizo para protegernos de los gobiernos - Edicion Impresa - ABC Color

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Mientras persiste el avance del proyecto reeleccionario presidencial, sus promotores directos, al igual que los congresistas y jueces, bien harían en recordar a uno de los más grandes autores clásicos y defensor de la República Romana, Marco Tulio Cicerón, cuando dijo: “No nos es permitido alterar esta ley y tampoco es permitido tratar de derogar ninguna parte de ella. Ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de sus obligaciones y no necesitamos buscar alguien que nos la pueda interpretar, fuera de nosotros mismos”.

El verdadero sentido y propósito en la historia de las naciones de la corriente constitucionalista consiste en proteger al hombre libre y ciudadano del permanente acecho de los gobiernos. Este y no otro es el precioso legado del constitucionalismo liberal que encuentra su piedra angular en Grecia, Atenas, y por el cual se estableció que las libertades de los individuos deben ser respaldadas en todo momento, y no solo contra los criminales comunes, sino sobre todo contra aquellos que accediendo a los gobiernos pretendan convertirse en delincuentes.

El constitucionalismo emerge por primera vez bajo los auspicios de la libertad como magistralmente el legislador ateniense Solón dijo: “El pueblo se gobierna con normas preestablecidas” y luego Pericles: “La ley no debe afectar a un solo individuo sino a todos y la decisión del legislador no es particular sino general y previsora; la libertad no nos hace hombre sin ley”.

Pero la libertad no puede sostenerse en el tiempo sin el irrestricto respeto al orden establecido en la letra y el espíritu de la Constitución. La libertad sin ese orden degenera en libertinaje porque carece de responsabilidad; y la democracia cae presa del populismo y la demagogia.

De ahí que fue en Roma, durante la República, que la libertad y el constitucionalismo se conjugaron para hacer posible el progreso material y cultural, como en efecto en una parte de las Leyes de las Doce Tablas se lee: “No se aprobará privilegio o estatuto alguno a favor de personas particulares, lo cual sería un perjuicio de otros y contrario a la ley fundamental”.

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