En una sociedad donde el poder público es mediocre, casi ausente en cuestiones de trascendencia, genera imposiciones violentas de quienes no están investidos de potestades. Cuando la ley del “mbarete” es la que impera, la anarquía supera a instituciones y autoridades. En ese sentido, la acción repetida de taxistas que asumen poderes que no tienen, […]
En una sociedad donde el poder público es mediocre, casi ausente en cuestiones de trascendencia, genera imposiciones violentas de quienes no están investidos de potestades. Cuando la ley del “mbarete” es la que impera, la anarquía supera a instituciones y autoridades. En ese sentido, la acción repetida de taxistas que asumen poderes que no tienen, y prohíben con violencia hasta física que los del rubro similar operen, es un total desmedro al imperio de la ley y a la autoridad de municipios.
Los taxistas no son, ni serán los dueños de la ciudad, y no existe el más mínimo justificativo para que sean ejecutores de prohibiciones no oficiales. Si se permite que estas conductas cavernícolas prosigan, solo mostrarán cuan inútil es la estructura municipal para manejar conflictos. Sin entrar a analizar regulaciones del rubro, imposiciones fuera de facultades concebidas por normas es delito, por lo que sumar a ello violencias, tiene como premio la cárcel.
Los intereses comerciales, nunca deberán estar por sobre los intereses ciudadanos. Toda competencia en el rubro servicios privados, es excelente para el pueblo, pues ello implica que ofertas sean mejores y convenientes. No hay monopolio que favorezca a usuarios. Si el servicio de transporte por plataformas digitales deja al descubierto que el tradicional es mediocre y caro, entonces lo que se debería atacar son defectos que vuelven como última opción la oferta taxista.
El orden funciona cuando las convenciones aceptadas, arropadas por legalidades, son cumplidas, no ejercidas por cualquiera, sino por los investidos. Bajo ningún sentido un taxista puede tomar “justicia por manos propias”, pues primero no existe ley prohibitiva y segundo no son el estamento para ello. Fomentar una guerra por derechos, es el peor error de cualquier autoridad. Más todavía cuando se refiere a trabajadores, cuyos derechos están por sobre el rango de normativas comunales.
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