La jueza de paz de la Encarnación, Analía Cibils, procesada, enjuiciada y suspendida en sus funciones por el caso de la mafia de pagarés, ataca la validez de la imputación por prevaricato y uso de documento público de contenido falso, que presentó el Ministerio Público en su contra. La magistrada, quien avaló 237 notificaciones voladoras […]
La jueza de paz de la Encarnación, Analía Cibils, procesada, enjuiciada y suspendida en sus funciones por el caso de la mafia de pagarés, ataca la validez de la imputación por prevaricato y uso de documento público de contenido falso, que presentó el Ministerio Público en su contra. La magistrada, quien avaló 237 notificaciones voladoras según la Fiscalía, ahora exige para ella “debido proceso legal”. Entre vicios “formales y sustanciales, que ataca, señala que la imputación indica como domicilio real una casa donde ella no vive. “Sería interesante verificar el acta del ujier notificador...
La defensa de la magistrada, ejercida por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel, impugnó la integralidad de la providencia del 2 de abril de 2025 que tiene por recibido el acta de imputación “por lo que al impugnarse todo el proveído no existe un Acta de Imputación que reúna los requisitos previstos en el Art. 302 del mismo cuerpo legal, por un lado y por el otro, es producto de actuaciones que fueron producidas y concebidas en violación de normas jurídicas que la tornan nula y sin valor jurídico alguno”.
Alegó la defensa que el Juez al dictar la providencia citada incurrió en inobservancias legales e incorrecta aplicación de preceptos de naturaleza constitucional y legal, puesto que de haberse examinado de manera previa el contenido del Acta de Imputación y, principalmente, realizado un control de lo que se presume es un relato fáctico y la presunta atribuibilidad de esos supuestos de hecho a las personas sometidas a proceso, llegaría a la inevitable conclusión de que existía un obstáculo notorio que impedía totalmente la recepción y admisión del
Acta de Imputación manifiestamente deficiente, que viola la defensa en juicio y el debido proceso legal, puesto que ésta debe reunir los presupuestos exigidos por el Art. 302 del Código Procesal Penal, principalmente en lo concerniente al numeral 2) y las disposiciones regladas por la Acordada No. 1631/2022, circunstancia que para nada concurría en el caso del Acta de Imputación admitida en cuanto a su trámite conforme a la providencia del 2 de abril de 2025.
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