Jueza Cinthia Garcete hizo lo mismo y feminicida fue condenado a ínfimos 15 años de prisión

Anderson González Ocampos, acusado de matar de un balazo a su exnovia, Noemí Sosa Gómez, el 20 de agosto del 2021, y pese a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la querella adhesiva, el tribunal de sentencia, integrado por los jueces Emilia Santos Ávalos (presidente), Milciades Ovelar y Flavia Recalde (miembros), llamativamente consideraron que el hecho no se trató de un feminicidio, y sí de un “homicidio doloso”, por lo que el sujeto fue condenado a solo 15 años de cárcel.

Durante todo el proceso, el Ministerio Público representado por el fiscal Alberto Torres y la querella adhesiva por el abogado Leonardo Samaniego habían pedido 30 años de condena para el acusado. A pesar de las pruebas concluyentes, como un circuito cerrado donde se observa el momento del crimen, además de testimonios contundentes, llamativamente el tribunal de sentencia cambió la calificación del hecho, de feminicidio a homicidio doloso, y es por ese motivo que le aplicaron una condena mucho menor a lo esperado por los familiares.

Aparentemente en los últimos tiempos, el gran negociado de los jueces de sentencia está en aplicar condenas mínimas a los procesados, deliberaciones por las que estarían cobrando altas sumas de dinero. Este caso es el reflejo de cómo actúan los magistrados en Ciudad del Este. El propio acusado alardeaba que pagaría por conseguir torcer la justicia, y al parecer así lo hizo, de lo contrario no se explica que argumento tuvo en cuenta el tribunal para cambiar la calificación en el último tramo del proceso y otorgar una condena traída de los pelos.

Primeramente el joven estaba preso en la cárcel regional de Ciudad del Este, sin embargo, con una descabellada resolución, la juez penal de garantías Cinthia Garcete, otorgó al autor del hecho el arresto domiciliario, y este esperó el juicio oral y público en la comodidad de su casa. Este hecho abrió el camino y dejó sentada una jurisprudencia para que otros magistrados y fiscales caigan a esta misma práctica corrupta, ante la falta de sanción.