Mediante una institución denominada Unión deberá ejecutar un plan de seguridad en el Lago Itaipu y el río Paraná, además de aumentar cantidad de efectivos de seguridad pública y equipamientos. “La Unión ha de proporcionar, de forma adecuada a la Seguridad Pública en la frontera entre Brasil y Paraguay (…) Debe elegir la mejor forma para cumplir su misión constitucional de garantizar la efectiva fiscalización de sus fronteras, para cohibir las prácticas de los crímenes transnacionales, sobre todo el narcotráfico, el tráfico internacional de armas y municiones en esta región, que abastecen el crimen organizado en otras regiones del país”, destacó el magistrado en la sentencia.
Un juez federal de Foz de Yguazú, Brasil condenó a un órgano estatal a aumentar la seguridad en la zona fronteriza con Paraguay. Esto ante el aumento de actividades del crimen organizado en la región. Mediante una institución denominada Unión deberá ejecutar un plan de seguridad en el Lago Itaipu y el río Paraná, además de aumentar cantidad de efectivos de seguridad pública y equipamientos. La sentencia contempla una alta multa en caso de incumplimiento.
La zona fronteriza entre Paraguay y Brasil es centro de operaciones de varios grupos de crimen organizado.
El Ministerio Público Federal en el estado de Paraná, Brasil, acompañado de varias instituciones promovió la acción judicial y el juez Sérgio Luis Ruivo Marques dictó una sentencia favorable. La orden judicial obliga a la Unión a elaborar un plan específico, con metas y cronograma, para ampliar efectivamente la seguridad en la frontera .
El magistrado determinó que el plan prevea la efectiva fiscalización del lago Itaipu y el río Paraná hasta la zona de la Tres Fronteras, que en el lado Paraguayo está ubicada en Presidente Franco. Esto debe incluir el incremento real de los agentes del orden público, con la formación de fuerzas de trabajo con otros órganos federales como la Receita Federal, Fuerza Nacional de Seguridad, Policía Federal de Foz de Yguazú y la Policía Marítima, entre otros. Después de su elaboración, el plan debe ser totalmente ejecutado en 18 meses.
Leer la nota completa en Vanguardia
