El juez Rodrigo Estigarribia aseguró que la recusación que presentó en su contra el exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, es dilatoria y tuvo como único fin trabar la audiencia preliminar que se tenía que realizar el lunes pasado. Enfatizó que esta maniobra […]
El juez Rodrigo Estigarribia aseguró que la recusación que presentó en su contra el exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, es dilatoria y tuvo como único fin trabar la audiencia preliminar que se tenía que realizar el lunes pasado. Enfatizó que esta maniobra por parte del procesado es contraria al deber de buena fe procesal y que a su criterio configura el supuesto previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal (recusación manifiestamente infundada). Pide a la Cámara de Apelación analizar la...
En el escrito remitido a la Cámara, el juez señala en primer término el propósito dilatorio de la recusación, citando además la jurisprudencia que fundamenta la improcedencia del recurso en cuestión.
“Esa honorable Cámara ha sostenido, con relación al inciso 13 del artículo 50 del CPP, que no corresponde hacer lugar a recusaciones fundadas en supuestas dudas de imparcialidad, cuando estas provienen exclusivamente de las partes, toda vez que el sentido de la norma remite a una manifestación voluntaria del propio magistrado, cuando éste se considere impedido de continuar interviniendo por motivos personales graves que afecten su imparcialidad o independencia”, expresa el magistrado. Agrega que reiteradamente se ha afirmado que «en cuanto al inciso 13, ha sido constante la opinión de los...
Con respecto a la falta de notificación del allanamiento de inmuebles sujetos a comiso expuesto por la representación de Cáceres, Estigarribia responde que constituye una medida coercitiva de naturaleza investigativa, que conforme al Código Procesal Penal requiere autorización judicial previa, “pero no exige sustanciación previa ni notificación anticipada a las personas afectadas, por razones obvias y evidentes: su publicidad previa tornaría ineficaz la diligencia, pudiendo frustrarse la recolección de evidencia u obstaculizar la investigación penal”.
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