Miembros de la Caja de Jubilación Bancaria cuestionaron a la fiscala Victoria Acuña porque solamente pidió juicio oral para un miembro del Consejo, y solicitó la desvinculación de otras cuatro personas porque “desconocían el beneficio económico del acusado”. La fiscala minimizó el daño patrimonial.
Rosa de Acuña, Julio Estigarribia, Abel Florentín y Fernando Aguayo, directivos de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, integrante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, acompañados de sus representantes legales Romina Rolón, Margarita Heralesky y Lucía Sandoval, cuestionaron a la fiscala Victoria Acuña porque solamente solicitó juicio oral por lesión de confianza para César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones.
Los denunciantes y querellantes adhesivos indicaron que existen sobrados elementos para que el presidente del Consejo de Jubilaciones José Antonio Caballero Bobadilla, y los consejeros Miguel Oro Domínguez, Angel Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera. enfrenten juicio oral, porque los mismos avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos.
Sin embargo, la fiscala Acuña argumentó para solicitar el sobreseimiento definitivo que la verificación objetiva de la concesión de los créditos estaba a cargo del gerente general Amarilla, quien a la vez fue el representante legal de la firma Karakú SRL, a través de la cual se canalizaron préstamos preferenciales (que produjeron el perjuicio) a los asociados de la Caja, entre mayo y agosto de 2016, por G. 15.000 millones, y que a criterio de la fiscala, los demás miembros del consejo “desconocían” la maniobra.
Acuña en su acusación encontró un perjuicio patrimonial a la Caja de solo G. 377.111.310, hasta el 31 de diciembre de 2016.
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