Según la resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en enero y agosto de 2008 los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante "fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde habrían sido ejecutados extrajudicialmente por integrantes" de la Brigada 15.
Estas ejecuciones se conocen en Colombia como "falsos positivos" y en la mayoría de los casos las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos económicos reclutados bajo la promesa de un empleo y que fueron asesinados a manos de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios o ascensos.
La decisión de la JEP incluye la aceptación de sometimiento de dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales "todos en retiro", informó hoy la JEP en un comunicado. La información agregó que los casos por los cuales los militares retirados fueron aceptados en la JEP se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso, explicó la JEP.
El alto tribunal recordó que en el subcaso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el brigadier general retirado Paulino Coronado, y un civil ya reconocieron su responsabilidad por "falsos positivos" cometidos en la región de Catatumbo en una audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo en abril de 2022, en Ocaña.
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