Una auditoría financiera de la Contraloría a contratos del IPS con empresas de seguridad privada detectó que el ente pagaba en 2015 por servicios de guardias que no se cumplían. El Instituto admitió la situación y aplicó una multa de G. 902 millones a la firma Security Service Tecnology SA.
La auditoría financiera fue realizada al ejercicio fiscal 2015, del cual han resultado observaciones por parte de la Contraloría General de la República a la licitación pública N° 131/12, contrato Nº 16/13, “Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el IPS”, que había sido adjudicada la firma “Security Service Technology SA”. Hasta el 13 de agosto de 2013, la misma venía operando bajo la denominación de “Doram SACI”, vinculado al exdiputado colorado José Chamorro, quien –sin embargo– habría vendido a otros empresarios la compañía.
El informe de Contraloría menciona la Observación Nº 42, “Multas no aplicadas por incumplimiento de contrato de servicio de seguridad y vigilancia”, en la que se han detectado ausencias no reemplazadas de guardias de seguridad en los puestos respectivos, cuyas planillas de asistencia no cuentan con firmas de los guardias designados en los meses seleccionados, por ejemplo, en los meses de enero, febrero y marzo, de algunas dependencias del IPS. Agrega que los días no cubiertos por la firma adjudicada asciende a 840 días, que representan G. 52.949.920.460, conforme a la modalidad de cálculo...
Sin embargo, el presidente del IPS, Benigno López, en su descargo sostiene que “coincide” con la observación emanada del órgano de control, no así con el importe consignado, en este caso consignando un monto mucho mayor que el mencionado por la Contraloría.
“Nuestros cálculos elaborados, según formulación dispuesta en el Contrato N° 16/13, cláusula 11, la multa a ser aplicada asciende a G. 902.707.028, conforme a las planillas de cálculos, que se adjuntan. Asimismo, hemos notificado a Security Service Technology SA la aplicación de los descuentos respectivos”, destaca la nota suscrita por López y remitida al contralor general de la República, Roy Rodgers Canás.
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