Varios involucrados en el vaciamiento de la Asociación de Funcionarios de la Justicia Electoral, que se fue a la quiebra, fueron imputados por la fiscala Stella Mary Cano por la supuesta comisión de cuatro hechos punibles. Existen fuertes indicios de que tuvieron participación en el desvío de dinero.
Óscar Darío Cáceres, expresidente; Héctor Figueredo, Claudio Martín Herreros, Nidia Arellano Estigarribia, Aníbal Duarte Franco, Aldo Fonseca Legal, Conrado Benítez Arrúa, María Francisca Patiño López, Néstor Barrios Vargas, Herminio Acosta, Trancredo Centurión, Luis Lezcano Escobar, Rita Bernal Aquino, Arnaldo Martínez Cantero, Miguel Portillo Quintana, Marcelo Paniaguay, Guillermo Rodríguez y Manuel Torales fueron imputados por la comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis, violación del deber de llevar libros de...
Según la denuncia que se había presentado, los préstamos a los funcionarios contratados de la Justicia Electoral eran “una práctica perversa y constante” y en abierta violación a los estatutos sociales.
Los descuentos a funcionarios contratados correspondientes al mes de junio de 2012 ascendieron a G. 1.002.629.550.
Durante la gestión de Cáceres Bogado se hizo una auditoría externa cuyo resultado se ocultó. Luego se dispuso la intervención y se convocó a elección.
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