La investigación contra el diputado cartista y exgobernador de Caazapá Avelino Dávalos Estigarribia, denunciado por la Junta Departamental por lesión de confianza, sigue paralizada en el despacho de la fiscala Anticorrupción y de Delitos Económicos, Victoria Acuña, de la capital del país. El perjuicio contra las arcas de la Gobernación de Caazapá sería de G. 192.000 millones.
Pasó más de un año y medio desde la primera denuncia presentada por los concejales departamentales y la pesquisa no avanzó. Se encuentra encajonada supuestamente a pedido de influyentes políticos de nuestro país.
Los concejales departamentales resolvieron denunciar al exejecutivo Dávalos Estigarribia, teniendo como base una auditoría externa ordenada por el actual gobernador, Pedro Díaz Verón, a pedido de los ediles en que resaltan varias anomalías como ser la “desaparición de todos los comprobantes contables” de la administración del actual diputado cartista.
Los datos proporcionados por fuentes cercanas a la investigación contra el diputado indican que difícilmente el proceso pueda prosperar debido a que la fiscala Victoria Acuña está recibiendo presiones de políticos influyentes, como ser un ex número uno del Paraguay.
Avelino Dávalos había entregado la administración departamental a la concejala Celina Roa de Morel, madre del funcionario judicial requerido hasta la fecha por la justicia uruguaya por envío de marihuana al vecino país en compañía de Francisco Sarubbi (ex intendente municipal de Caazapá), hermano del actual diputado Roque Sarubbi. Celina Roa de Morel igualmente fue denunciada como cómplice de Dávalos, pero tampoco es investigada.
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