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Insisten en que devuelvan dinero desviado - Edicion Impresa - ABC Color

Insisten en que devuelvan dinero desviado - Edicion Impresa - ABC Color

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Josefina Aghemo apeló la resolución del juez penal de garantías de Pozo Colorado, Daniel Ledesma, quien favoreció a procesados por una “tragada” en la Municipalidad de Puerto Pinasco, Chaco, en el 2015.

La fiscala Aghemo había acusado por lesión de confianza al exintendente interino de Puerto Pinasco, Digno Ramón Acosta (PLRA), y a su exadministrador Luis Alberto Irala Sánchez. También fue acusada Eugenia Pedrozo Ortiz, como cómplice de la lesión de confianza y autora del hecho punible de usurpación de funciones públicas, porque se hizo pasar como secretaria privada de la Intendencia, sin contar con documentos que avalen este cargo.

A pesar de que en la audiencia preliminar los tres acusados ofrecieron reparar el daño de G. 134 millones, perpetrado con la apropiación de dinero de las cuentas del Fonacide y royalties, el juez Ledesma les benefició con una pena de dos años, pero con suspensión de la ejecución de la condena, y les impuso la entrega de 10 equipos informáticos con sus respectivas impresoras, que debían ser puestos a disposición de su juzgado en el plazo de 30 días.

El Ministerio Público al presentar su apelación solicitando la revocación de la Sentencia Definitiva Nº 5 del 30 de noviembre pasado, argumenta que el juez Ledesma al aplicar la suspensión de la ejecución de la condena, le dio trámite a un procedimiento similar cuando la víctima no puede ser determinada.

En este caso, en las leyes que reglamentan la aplicación del Fonacide y de los royalties, están bien determinadas a quiénes y en qué forma deben ser usados sus fondos.

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Diario ABC
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