El Indert sostiene que no hubo desalojos en Santa Lucía (Alto Paraná), sino que “una cesación de hecho punible”. Sin embargo, fotografías, videos y testimonios de pobladores lo desmienten. Además, la ley dice otra cosa para este tipo de situaciones. En un operativo encabezado por Justo Cárdenas, titular del ente, se procedió a derribar casas y echar a campesinos ocupantes.
“Conviene aclarar que la actuación fiscal consistió en un operativo de cesación del hecho punible de ocupación ilegal de inmueble ajeno”, señaló Cárdenas en un comunicado, en el que hizo referencia al juicio iniciado por el Indert contra personas innominadas sobre interdicto de adquirir la posesión.
“Previamente al procedimiento, se realizó una serie de diligencias que se llevaron a cabo progresivamente en la causa: la verificación de los lotes, identificación de los ocupantes, notificación de solicitud de abandono, notificación por parte de la Fiscalía de la causa abierta, notificación de la Fiscalía para abandono pacífico de los inmuebles del Indert, para llegar a poner fin a la prosecución del hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, añade la misiva.
Al respecto, cabe mencionar lo que establece el Código Procesal Civil en el Art. 640 sobre el interdicto de adquirir. “Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá: a) que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho; y b) que nadie tenga título de dueño o usufructuario, o posea los bienes cuya posesión se pida”.
El Abog. Gustavo Pedrozo, uno de los que están litigando contra el ente agrario por tierras de la zona, explicó: “La sentencia de interdicto es meramente declarativa, no es ejecutable. Porque si el lugar está poseído, hay cultivos, hay casas, quiere decir que alguien tiene la posesión. La sentencia ya no sirve”.
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