El Indert implementó un sistema de “compensación” para que las ONG que gestionaron perforaciones de pozos devuelvan dinero al Estado, por obras deficientes o no realizadas. Sin embargo, algunas de ellas recibieron una llamativa “ayuda”, para pagar menos de lo que el propio ente había fijado.
Después de develarse el año pasado el negocio de los pozos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la actual administración de Justo Cárdenas dispuso un “procedimiento tendiente a la recepción final de obras de sistemas de abastecimiento de agua potable”.
Viendo al Ministerio Público investigar las denuncias sobre obras deficientes, inconclusas y otras que ni siquiera habían empezado pese a los millonarios fondos desembolsados, Cárdenas firmó las Resoluciones N° 1668, de junio de 2016, y la N° 2155, de agosto siguiente. En ellas, dispuso que “en caso de que se determinen diferencias menores entre los costos previstos en los presupuestos de cada proyecto y lo realizado –en cuanto a la profundidad del pozo perforado, la longitud de la red de distribución u otros rubros del proyecto que hacen a la funcionalidad del mismo–, las mismas deberán...
Ayer, publicamos el caso de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), que devolvió G. 49,6 millones al instituto para tratar de salvarse de la Fiscalía, pero que es apenas el 2% del total que esta ONG recibió por pozos perforados en asentamientos de Horqueta y que hoy funcionan de forma parcial o deficiente.
Otros organismos como Alto Forest, que proveyó sistemas en Capiibary y otros distritos de San Pedro, recibieron una pequeña ayuda del instituto agrario, que se tradujo en un descuento del 87%. La ONG, presidida por Verónica Elvira Coronel Nakagawa, debía devolver G. 272,5 millones al ente agrario, pero tras una “reverificación” de las obras, el monto se redujo a G. 34,1 millones (ver facsimilar).
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