La limitación de descuentos a funcionarios públicos establecida en la Ley del Presupuesto podría causar un aumento de morosidad en el sector cooperativo, ante la imposibilidad de cobrar préstamos ligados al sector, advirtió Nilton Maidana, miembro del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
El citado dirigente cooperativo y miembro del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) comentó que hay una preocupación en el sector con respecto a la situación que les priva de cobrar descuentos que ya fueron previamente autorizados por los propios socios y funcionarios en distintos entes públicos.
Las más comprometidas, según Maidana, son aquellas que están ligadas a instituciones educativas, de policías y militares, Aduanas, puertos, Fuerza Aérea, entre otros. Aunque los gremios no manejan la cantidad exacta de funcionarios públicos ligados a cooperativas, estiman que serían unas 60 las cooperativas que dependen de estos cobros.
Al efecto de graficar el impacto, Maidana comentó que en un solo caso, una cooperativa que debía cobrar unos G. 2.500 millones en descuentos a funcionarios en el mes de enero, solo pudo hacer efectivo unos G. 500 millones, debido a la nueva política aplicada a partir del propio Presupuesto General de la Nación.
El artículo 59 de la Ley 6026/2018 menciona que los descuentos aplicados a los funcionarios públicos, independientemente al origen del mismo, en ningún caso podrán sobrepasar el 50% del salario básico percibido por el trabajador. Al igual que las cooperativas, otras instituciones del sistema financiero, además de casas comerciales y de crédito, también se verán con dificultades para el cobro a funcionarios.
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