El 3 de enero de 2025, se dio a conocer un nuevo caso de sextorsión en Paraguay, involucrando a un funcionario de la Cámara de Diputados y una mujer, quienes fueron detenidos tras un operativo llevado a cabo en Asunción. El Ministerio Público ha imputado a ambos por extorsión, dentro de una investigación que comenzó […]
El 3 de enero de 2025, se dio a conocer un nuevo caso de sextorsión en Paraguay, involucrando a un funcionario de la Cámara de Diputados y una mujer, quienes fueron detenidos tras un operativo llevado a cabo en Asunción. El Ministerio Público ha imputado a ambos por extorsión, dentro de una investigación que comenzó a gestarse a partir de denuncias presentadas en 2024.
Según la Fiscalía, el fiscal Federico Delfino, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo, determinó la imputación de Kamila Ayala Pereira y Carlos Antonio Espínola Melgarejo por el hecho punible de extorsión, a raíz de un caso de sextorsión que data desde 2021. La denuncia de la víctima sostiene que la situación se desató en junio del 2024, aunque el contacto inicial con Ayala Pereira ocurrió durante las elecciones municipales e internas de 2021, 2022 y 2023, cuando intercambiaron imágenes y mensajes de contenido íntimo.
La denuncia revela que, tras el cierre de las elecciones, Ayala Pereira habría intentado negociar con el denunciante para obtener un cargo político de alto rango. Ante la negativa, la mujer supuestamente comenzó a amenazar con hacer públicas las imágenes y mensajes comprometidos, incluyendo revelaciones a la esposa del denunciante. Las amenazas se intensificaron con llamadas telefónicas y exigencias de dinero.
El involucramiento de Carlos Antonio Espínola, abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, fue clave en el esquema de extorsión. Según los antecedentes, el hermano de la víctima recibió una llamada de Espínola, quien mencionó tener información comprometida sobre el denunciante. Tras la llamada, se coordinó un encuentro en el que Espínola solicitó US$ 50.000 para evitar que las pruebas se publicaran en medios de comunicación. Posteriormente, el monto solicitado fue reducido a G. 100.000.000, los cuales debían ser pagados en dos partes: una de forma inmediata y la otra en cuotas.
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