El titular de la Asociación de Actuarios Judiciales y un funcionario administrativo fueron imputados ayer por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y tentativa de extorsión por negociar una pena mínima en un caso de drogas a cambio de US$ 30.000. No se consumó la entrega del dinero a los miembros del tribunal de sentencia, por lo que no los incluyeron en el caso.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz ordenó detenciones y luego imputó al actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez, de la Secretaría del Tribunal de Sentencia Nº 28 a cargo de la jueza Alba González, y al funcionario del área administrativa del Poder Judicial, Héctor Leguizamón López.
La investigadora pidió arresto domiciliario de los imputados y la prohibición de contactar a las víctimas.
De acuerdo a los antecedentes, los funcionarios negociaron una sentencia mínima en un caso de tenencia de sustancias prohibidas.
El tribunal de sentencia estuvo integrado por Alba González (como presidenta), Gloria Hermosa y Nilda Giménez. En este caso, llamativamente la fiscala Elva Cáceres solamente pidió 5 años de pena para el acusado.
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