Todo un debate está instalado en la comunidad jurídica respecto a si cabría la responsabilidad penal de los directivos de una empresa de seguridad cuyos guardias cometan, como en este caso, un hecho de homicidio.
La controversia jurídica se centra si este caso será el que marcará un nuevo posicionamiento del Ministerio Público, para extender la responsabilidad penal a los directivos, por los hechos punibles que cometan sus empleados.
La fiscala Teresa Ruiz Díaz imputó el 21 de junio a los directivos de la empresa de seguridad privada Monital SRL, del Grupo Protek, director general Luis Fernando Fretes Schinini y al gerente general José Joaquín Castillo Samaniego, por violación a la ley de armas que prevé penas de 5 a 10 años, por lo que pidió la prisión preventiva para ambos.
La imputación fiscal es de acuerdo a lo que dispone el artículo 94.-Detentación, inciso d, que dice textualmente: “El que prestare armas de fuego o permitiere su utilización por terceros,...”.
El abogado de la empresa Protek, Gustavo González Planás, señala que la imputación es ilegal. Argumenta que de la lectura del artículo señalado se interpreta que para que se configure el hecho punible el dueño de las armas debe prestar a un “tercero”, es decir, a un “extraño”. En este caso, los guardias de seguridad son empleados dependientes de la empresa Protek, y no pueden ser considerados extraños ni terceros. Al faltar uno de los requisitos que la norma prevé, ya no se encuadra dentro del hecho punible señalado, refirió.
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