En Ciudad del Este, el espacio público —ese bien colectivo que pertenece a todos— ha pasado a ser botín de guerra del capital privado. Paseos centrales y áreas verdes, concebidos por ley como pulmones urbanos y zonas de uso común, están siendo arrasados sin pudor para dar lugar a estacionamientos de empresas que actúan como […]
En Ciudad del Este, el espacio público —ese bien colectivo que pertenece a todos— ha pasado a ser botín de guerra del capital privado. Paseos centrales y áreas verdes, concebidos por ley como pulmones urbanos y zonas de uso común, están siendo arrasados sin pudor para dar lugar a estacionamientos de empresas que actúan como si tuvieran licencia para usurpar lo que es de todos. Y lo más grave: lo hacen con total impunidad.
Las imágenes son elocuentes. Firmas como Agrofértil S.A., Nasser Cubiertas, Garden Automotores y otras playas de venta de vehículos han avanzado, sin autorización legal válida, sobre terrenos públicos ubicados en plena Ruta PY02 y avenida San Blas. Con maquinaria pesada han deforestado, rellenado y pavimentado, borrando árboles nativos y destruyendo el tejido verde urbano para crear estacionamientos privados destinados exclusivamente a sus clientes y empleados. La apropiación es descarada, y la complicidad institucional, obscena.
Ni la Municipalidad de Ciudad del Este, ni el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ni el Ministerio del Ambiente (MADES), ni la concesionaria Tape Porã han actuado de forma seria para detener esta afrenta. Las denuncias, documentadas y reiteradas por medios de comunicación, caen en saco roto ante el silencio cómplice de quienes deberían resguardar el interés colectivo. La inacción —cuando no la permisividad— de estas instituciones convierte a sus responsables en corresponsables de un delito urbano y ambiental.
El caso de Agrofértil S.A. es emblemático. En el kilómetro 6,5 de la Ruta PY02, la empresa taló árboles nativos para ampliar su playa de estacionamiento. Lejos de ser sancionada ejemplarmente, recibió permisos dudosos que la habilitaron a continuar la obra. Hoy, el lugar luce como un “estacionamiento público” que en realidad está reservado solo para su clientela, un eufemismo legal para justificar lo injustificable.
Leer la nota completa en La Clave
