La propuesta, presentada hace más de un año, vuelve a cobrar relevancia en medio de cuestionamientos públicos sobre posibles negligencias
La propuesta, presentada hace más de un año, vuelve a cobrar relevancia en medio de cuestionamientos públicos sobre posibles negligencias médicas y el estado de los profesionales en funciones. Sin embargo, el propio legislador reconoce una debilidad clave: la falta de datos oficiales. “El problema es que no tenemos estadísticas. Y los datos matan el relato. Si no hay problema, los datos lo van a demostrar; y si existe, nos permitirán actuar”, sostuvo.
Según explicó, actualmente existen denuncias informales y percepciones dentro de la ciudadanía y del propio ámbito político sobre posibles casos de consumo de sustancias en el sector salud, pero sin registros sistematizados que permitan dimensionar la situación.
Fernández vinculó la iniciativa con un problema más amplio: la salud mental de los profesionales de la salud. A su criterio, la alta presión laboral, las exigencias institucionales e incluso factores políticos generan un entorno que puede derivar en el uso indebido de sustancias. “Son personas que tienen acceso a fármacos que pueden alterar el metabolismo. Bajo presión, con objetivos que cumplir, eso puede convertirse en un riesgo”, afirmó.
En ese sentido, el legislador planteó que el objetivo de la ley no es punitivo, sino preventivo. “No buscamos hacer daño ni desprestigiar al gremio médico. Queremos garantizar que los profesionales estén en condiciones óptimas para atender”, subrayó.
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