Numerosas denuncias que abarcan más de 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas duermen en cajones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), según afirmó el Abog. Hugo Waldino Lovera, quien en visita a nuestra redacción explicó que la actual administración del ente, al no accionar en estos casos, es cómplice de usurpadores de inmuebles fiscales.
El presidente del instituto agrario, Justo Pastor Cárdenas, se jacta de la recuperación de poco más de 10.000 hectáreas en los últimos dos años, que estaban siendo ocupadas por personas que incumplieron el Estatuto Agrario, en algunos casos por no reunir requesitos para ser beneficiarios del ente, y en otros, por no respetar la exigencia de vivir en el mismo inmueble donde se produce (ver cuadro).
Sin embargo, según datos proveídos por el Abog. Lovera, toda esa propaganda sobre recuperación resulta incoherente, considerando las denuncias sobre casos concretos, con pruebas y documentos, de personas adjudicadas irregularmente con lotes fiscales.
Entre 2005 y 2011, el abogado presentó denuncias sobre casos concretos, con número de expediente específico, finca, padrón, distrito y cantidad exacta de superficie usurpada por personas no sujetas de la reforma agraria (cuadro).
Incluso, según los datos, las administraciones que se sucedieron entre 2011 y 2013 (que están hasta la fecha), han recibido urgimientos para expedirse administrativamente sobre cada caso denunciado.
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