El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) trabajó con varias ONG “de maletín” en el negocio de los pozos y a una de ellas, además de beneficiarla con millones para unas obras que resultaron deficientes, le otorgó la posibilidad de devolver parte del dinero recibido, en compensación por los trabajos no realizados.
Se trata de Ñepytyvõ, presidida por Hilarión Aguilar Mercado, una de las ONG que recibieron millonarios fondos del Indert para instalar sistemas de agua potable, pero que terminaron en manos de políticos y amigos del Gobierno. En este caso, dicha organización supuestamente subcontrató a la “constructora” denominada Casa Giménez, pero según las denuncias de esta misma empresa, esta firma no trabaja en el rubro y jamás recibió un solo guaraní, sino que se utilizó su nombre.
La propia Fiscalía pudo comprobar que esta ONG en particular, al igual que muchas otras que trabajaron con el Indert, no tiene una estructura administrativa que denote que haya funcionarios, registros o patrimonio documental acorde a las grandes sumas de dinero recibidas del instituto. De hecho, cuando los agentes fueron el año pasado a allanar la sede, ubicada en Coronel Oviedo, encontraron un salón que era parte de un local de informática y que, literalmente, adentro solo tenía una silla y un escritorio.
Aún así, Ñepytyvõ fue adjudicada para perforación de pozos por más de G. 4.000 millones, pero se comprobó que las obras eran deficientes; estas se encuentran en el asentamiento Barrio Primavera-San Blas, distrito Yby Yaú; compañía Santa Cruz, de Belén; 8 de Noviembre, de San Alfredo; todas estas localidades del departamento de Concepción.
El 23 de noviembre de 2016, el propio ente rural, presidido por Justo Cárdenas, determinó la devolución de G. 235.177.839 por trabajos no realizados, según Res. 3240/16. Sin embargo, para el 11 de enero siguiente, a través de la Res. 41/17, la administración se echó para atrás y nuevamente benefició a la ONG “de maletín”, esta vez con un “descuento” de la suma que debía reembolsar. La cifra a devolver quedó en G. 149.461.845, tras una “reverificación” dispuesta por Cárdenas y realizada por el ingeniero Luis María González y la Lic. Carmen Dávalos.
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