El caso de la colonia Guahory, en el departamento de Caaguazú, se va convirtiendo en una “bomba de tiempo”, al decir del fiscal departamental Alejandrino Rodríguez, quien sostiene que no se está dimensionando correctamente la magnitud de ese problema. Por su parte, uno de los colonos afectados ya advirtió que, si no hay solución cuanto antes, tendrá que “correr sangre”. Es decir, allí existen todos los condimentos para un estallido violento. El titular del Indert sugiere una de las famosas e inútiles “cumbres de Poderes” para buscar solución al problema de tierras. “Si no se hace esta cumbre, cada juez se va a expedir de manera distinta y no podremos cerrar este capítulo”, dijo. Entendemos que el presidente Cartes o el titular del Congreso no pueden ordenar a los jueces que actúen correctamente. El problema principal, entonces, radica en nuestra corrupta Justicia. Esos jueces, que según el titular del Indert se expiden de cualquier manera, deben ser apartados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y recibir la sanción que se merecen. Mientras nuestra Justicia no sea saneada y continúe siendo un apéndice de la política, seguirá generando caos y violencia.
La colonia Guahory fue creada hace 25 o 30 años por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), que a partir del 2004 se transformó en lo que hoy es el Indert. Es una de las tres colonias creadas en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, un lugar privilegiado que está rodeado por el río Yguazú.
Una de las colonias es San Sebastián. Cuenta con 96 lotes y 1.045 hectáreas, de las que están en conflicto 263; la otra es la colonia Guahory, con 102 lotes y 1.300 hectáreas, con 326 en litigio, y la tercera es la colonia Santa Silvia, de 183 hectáreas, sin litigio alguno. Del total de 198 lotes que conforman las dos primeras colonias citadas, unos 40 lotes estarían en condiciones de ser recuperados por el Indert, pero como son 200 las familias campesinas que reclaman esas tierras, se ha creado un problema que, al parecer, está en vías de solución por el camino del diálogo y la negociación...
El conflicto saltó a raíz de la divulgación por las redes sociales de una desprolija intervención fiscal y policial que, en términos jurídicos, se conoce como una “acción conjunta para casos de hechos punibles por invasión de inmueble ajeno”, diferente de la figura del desalojo propiamente dicho. No fue la primera vez, ya que en el 2014 se produjo la misma situación, y desde entonces los colonos brasileños y sus descendientes, que habitan esos lugares desde la década de 1980, ya no hallan tranquilidad para cultivar como lo venían haciendo en años anteriores.
Los campesinos paraguayos alegan estar asentados en la zona desde hace 30 años y buscan que el Gobierno expropie a su favor parte de estas tierras, agregando a las mismas 150 hectáreas de la empresa Montenegro SA. La propuesta del Indert es ubicar a las primeras familias en los 25 a 40 lotes recuperables por razones de irregular adjudicación, y al resto de las 200 en un terreno a ser adquirido para el efecto.
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