El 14 de marzo de 2017, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, firmó con la Sociedad Objeto Especial (SOE) Rutas del Este SA –liderada por la española Sacyr (60%) e integrada por la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%)– el contrato para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas nacionales 2 y 7, bajo la modalidad de alianza público-privada. La firma del contrato de financiación debía producirse en un plazo máximo de trece meses –que se cumplió el 14 de abril último– a partir del contrato principal, para que surtiera efecto legal. Sin embargo, cumplido el plazo, el consorcio alegó que aún no había podido conseguir el préstamo de US$ 500 millones necesario para la obra. En vez de proceder a la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento de una cláusula clave, más aún considerando los pésimos antecedentes de incumplimientos que tiene Sacyr en muchos países donde ha trabajado con el Estado, el ministro Jiménez Gaona optó por calificar el hecho como una simple “controversia” entre el MOPC y el consorcio, y, por tanto, susceptible de ser negociada entre las partes. Con este ilegal artilugio semántico, alegremente el ministro concedió a la SOE una prórroga hasta octubre del corriente año. Vale decir, le tiró el fardo al próximo Gobierno.
El 14 de marzo de 2017, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, firmó con la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este SA –liderada por la empresa española Sacyr (60%) e integrada por la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%)– el contrato para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas nacionales 2 y 7, bajo la modalidad de alianza público-privada. Por el consorcio lo hicieron Fernando Antonio del Campo García, Vítor Manuel Gomes y Luis Antonio Pettengill Vaca.
De conformidad con la Cláusula III.D, la firma del contrato de financiación debía producirse en un plazo máximo de trece meses –que se cumplió el 14 de abril último–, a partir de la firma del contrato principal, para que surtiera efecto legal. Sin embargo, cumplido el plazo, el consorcio alegó que aún no había podido conseguir el préstamo de US$ 500 millones sobre cuya base estaba pactado el contrato de ampliación de las rutas 2 y 7, desde Ypacaraí hasta Caaguazú, incluido el mejoramiento del tramo San Lorenzo-Ypacaraí.
En vez de proceder a la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento de una cláusula clave, el ministro Jiménez Gaona optó por calificar el hecho como una simple “controversia” entre el MOPC y el Consorcio, y, por consiguiente, susceptible de ser negociada entre las partes según el numeral 49 de la Cláusula IX del contrato. Con este ilegal artilugio semántico, alegremente el ministro le concedió a la SOE una prórroga hasta octubre del corriente año. Vale decir, le tiró el fardo a quien será su sucesor en el cargo en el próximo Gobierno, probablemente con la casi certeza de que,...
A propósito, con conocimiento de causa, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, expresó recientemente a un medio colega sus dudas de que el consorcio vaya a conseguir el crédito para financiar la obra en cuestión. “Sacyr no consiguió el financiamiento, y creemos que no va a conseguirlo (…) Lo que no entendemos es por qué el MOPC le extendió su plazo de presentación de financiamiento...”, sostuvo. Y con acierto opinó que es “como que tiran la pelota para el siguiente Gobierno; en realidad, es una pelota tata. Se desentienden de la situación que...
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