Gobierno entrante debe investigar las obras públicas - Edicion Impresa - ABC Color

El 14 de marzo de 2017, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, firmó con la Sociedad Objeto Especial (SOE) Rutas del Este SA –liderada por la española Sacyr (60%) e integrada por la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%)– el contrato para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas nacionales 2 y 7, bajo la modalidad de alianza público-privada. La firma del contrato de financiación debía producirse en un plazo máximo de trece meses –que se cumplió el 14 de abril último– a partir del contrato principal, para que surtiera efecto legal. Sin embargo, cumplido el plazo, el consorcio alegó que aún no había podido conseguir el préstamo de US$ 500 millones necesario para la obra. En vez de proceder a la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento de una cláusula clave, más aún considerando los pésimos antecedentes de incumplimientos que tiene Sacyr en muchos países donde ha trabajado con el Estado, el ministro Jiménez Gaona optó por calificar el hecho como una simple “controversia” entre el MOPC y el consorcio, y, por tanto, susceptible de ser negociada entre las partes. Con este ilegal artilugio semántico, alegremente el ministro concedió a la SOE una prórroga hasta octubre del corriente año. Vale decir, le tiró el fardo al próximo Gobierno. ...[Leer más]