La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y faculta al Comando
La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y faculta al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a organizar y ejecutar acciones conjuntas destinadas a garantizar la seguridad interna, ante la creciente amenaza de organizaciones criminales de alto riesgo.
El decreto establece, además, que todos los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo en la Región Oriental deberán brindar apoyo irrestricto y cooperación operativa al CODI, y dispone la comunicación formal de la medida al Congreso Nacional, conforme a los plazos y procedimientos legales vigentes.
La decisión presidencial se produce en un contexto de escalada de violencia vinculada al crimen organizado, particularmente tras el secuestro del productor sojero Almir de Brum da Silva, ocurrido el sábado último en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, hecho atribuido a un conocido grupo criminal.
De acuerdo con el contenido del decreto —cuya vigencia plena queda sujeta a su publicación en la Gaceta Oficial—, las Fuerzas Armadas estarán habilitadas a emplear la fuerza en casos donde los delincuentes cuenten con armas de guerra, entrenamiento pseudomilitar o intenten quebrantar el orden constitucional y la autoridad del Estado.
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