La falta de equidad en el tratamiento de denuncias por violencia familiar en el Ministerio Público queda en evidencia con un nuevo caso ocurrido en Ciudad del Este. Se trata de una denuncia presentada por Demas Pablo Fernández Cano, un hombre que afirma ser víctima de violencia familiar de parte de su expareja, Sandra Tamari […]
La falta de equidad en el tratamiento de denuncias por violencia familiar en el Ministerio Público queda en evidencia con un nuevo caso ocurrido en Ciudad del Este. Se trata de una denuncia presentada por Demas Pablo Fernández Cano, un hombre que afirma ser víctima de violencia familiar de parte de su expareja, Sandra Tamari Barreto. Sin embargo, a pesar de que la denuncia fue ingresada formalmente el pasado 9 de julio en la unidad fiscal nº 2, especializada en casos de violencia familiar, hasta la fecha la agente fiscal Estela Mary Ramírez no convocó al denunciante ni se ordenó diligencia...
El caso revela una preocupante tendencia, mientras que las denuncias en las que los presuntos agresores son hombres avanzan con rapidez e incluso se convierten en procesos judiciales en cuestión de horas, aquellas en las que las denunciadas son mujeres tienden a dormir en las oficinas fiscales sin mayores avances. La situación pone en entredicho la imparcialidad con la que el Ministerio Público actúa en casos de violencia familiar.
Fernández Cano relató haber mantenido una relación de diez meses con Tamari Barreto, quien, según su testimonio, era agresiva, manipuladora y prepotente. Luego de la ruptura, asegura que la mujer inició una campaña de acoso contra él, persiguiéndolo tanto en su domicilio en el barrio Catedral como en su lugar de trabajo, lo que incluso le costó el empleo. Además, el denunciante afirma que su expareja le amenazó con denunciarlo falsamente por violencia, afirmando que “las mujeres tienen más derechos que los hombres” y que le haría “la vida imposible” si no retomaban la relación.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y del temor expresado por el denunciante, la Fiscalía no adoptó ninguna medida. Ni siquiera se tomó la declaración testimonial de la víctima, a diferencia de lo que ocurre en casos donde la denunciante es mujer, en los que rápidamente se dictan medidas de protección, se imputan a los agresores e incluso se ordena su prisión preventiva.
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