Un hecho ocurrido durante un juicio oral en Pedro Juan Caballero generó una intensa polémica en el ámbito judicial luego de que la fiscala María Irene Álvarez, representante del Ministerio Público, requiriera la asistencia de un traductor debido a que no comprende el idioma guaraní, una de las lenguas oficiales del país.
La situación se registró en plena audiencia, en el marco de una causa por homicidio doloso, cuando fue necesaria la intervención de un intérprete para garantizar el desarrollo del proceso.
El episodio no tardó en viralizarse y abrió un debate sobre el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional y de la Ley de Lenguas, que establecen el carácter oficial tanto del castellano como del guaraní.
En redes sociales cuestionaron el hecho de que los auxiliares de justicia no entiendan el idioma guaraní siendo que luego deben tomar decisiones cruciales que derivan en fallos judiciales y afectan a las diferentes partes del juicio.
A su vez, el criminólogo Juan A. Martens cuestionó con dureza lo ocurrido y sostuvo que la funcionaria no debería continuar en el cargo si no maneja los idiomas oficiales.
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