La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, deberá tomar cartas en el asunto e investigar a cuestionados fiscales de la zona, manifestó Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP). Esto considerando que ahora sólo se limita al traslado de Merlo y el fiscal de marcas, Miguel Vera y no se inició ninguna investigación sobre un supuesto operativo extorsivo que habría motivado la movida. Desde el momento en que no hace nada, no queda otra que pensar que hay un corporativismo entre ellos porque cualquier esquema necesita la cobertura de la fiscalía Adjunta y por consecuente de la fiscalía general”, expresó el profesional. Ocampos Marín reside en una casa de unos 400.000 dólares y se moviliza en una camioneta de 60.000 dólares. Fue trasladado de la fiscalía zonal de Presidente Franco por demostrar ignorancia de la ley en una investigación. Analía Rodríguez: Otra supuesta protegida de los Zacarías, usó la ley de fueros (derogada según un dictamen del Senado) para procesar a Paraguayo Cubas, Celso Miranda “Kelembu” y Jorge Brítez por protestar contra la corrupción en el gobierno municipal y departamental, manejados por la familia Zacarías.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, deberá tomar cartas en el asunto e investigar a cuestionados fiscales de la zona, manifestó Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP). Quiñonez cambió al fiscal Adjunto en tres meses, hoy asume Edgar Moreno en reemplazo de Ricardo Merlo.
Los miembros del CAAP habían recurrido a Merlo para que ponga fin a la estructura de “blindaje del Ministerio Público a narcotraficantes, evasores, contrabandistas, lavado de dinero, ventas de armas, casas de cambios clandestinas, falsificaciones, protección al ingreso de mercaderías sin control en el Aeropuerto Guaraní, puertos clandestinos, falsificación de cigarrillos y negocios que venden productos falsificados”. Sin embargo, el mismo deja el cargo sin que se haya hecho ninguna investigación sobre estas denuncias.
Al decir de Barreto, la investigación de esta estructura corrupta de la Fiscalía de Ciudad del Este depende de Quiñonez, quien hasta ahora solo demuestra protección y complacencia. Esto considerando que ahora sólo se limita al traslado de Merlo y el fiscal de marcas, Miguel Vera y no se inició ninguna investigación sobre un supuesto operativo extorsivo que habría motivado la movida.
“Cuando se detecta algo se hace el traslado, envían a otros agentes y todo sigue igual porque no hay un castigo. Se deben investigar estos hechos de supuestos procedimientos irregulares y la fiscal general del Estado es la responsable directa. Si no investiga, significa que están protegiendo a estos fiscales, a estas alturas ya debería tomar cartas en el asunto.
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