BRASILIA. La presidenta Dilma Rousseff sumó a su gobierno a su predecesor Lula da Silva para enfrentar la crisis que convulsiona a Brasil, pero la difusión de una conversación entre ambos dirigentes volvió a colocarla rápidamente a la defensiva.
Miles de personas salieron espontáneamente a las calles en Brasilia y Sao Paulo tras la publicación de esa conversación telefónica pinchada, en la que Rousseff le anunciaba a Lula que enfrenta un pedido de prisión preventiva, que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.
Rousseff había negado con vehemencia que la designación de Lula se propusiera brindarle fueros especiales para permitirle al exjefe de Estado (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), escapar a la justicia ordinaria que investiga su presunta implicación en el megaescándalo Petrobras.
La incorporación de Lula al gabinete “fortalece al gobierno y hay personas que no quieren que sea más fuerte” , proclamó su sucesora y heredera política.
Lula también deberá echar en la balanza su prestigio y su capacidad de articulación política para volver a dar cohesión a la coalición de gobierno e impedir que el proceso de impeachment prospere en el Congreso.
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