Familiares de los 50 prisioneros de guerra que murieron luego de un bombardeo a una cárcel de Olenivka, ubicada cerca de Donetsk, exigen que el hecho sea calificado como una “ejecución pública” y aseguran que las Naciones Unidas y la Cruz Roja no hacen lo suficiente. Kiev y Moscú se han acusado mutuamente del ataque.
Los miembros de la asociación de familiares de los defensores de Azovstal exigen una investigación a profundidad de lo ocurrido y aseguran que Rusia es responsable por el bombardeo, además le piden a la Cruz Roja y a la ONU que los cuerpos de sus seres queridos sean entregados a sus familiares.
Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que aún no han podido llegar hasta el lugar del ataque, mientras que el viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, anunció que ya tienen a un equipo que llevará la investigación adelante.
“Las familias deben recibir noticias urgentes y respuestas sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. Las partes deben hacer todo lo que esté a su alcance, incluso a través de investigaciones imparciales, para ayudar a determinar los hechos detrás del ataque”, publicó en un comunicado el Comité.
Por su parte, Rusia publicó que ellos habían invitado a funcionarios de los dos organismos internacionales para que “realicen una investigación objetiva del ataque”.
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